Entrevista a Eduardo Ramírez, ponente del 1er. taller “La gestión del impuesto de sucesiones y donaciones en España”

Eduardo Ramírez, socio de Cuatrecasas, inspector de Hacienda del Estado en excedencia y Abogado en ejercicio, nos da las respuestas ante algunas preguntas que le planteamos. Ramírez impartirá el 1er. taller de las 15h, bajo el título “La gestión del impuesto de sucesiones y donaciones en España” en el pre-congreso de EFPA España, que se celebrará en Sevilla los próximos 25 y 26 de octubre.

 

¿Qué aspectos fundamentales le debe señalar un asesor a su cliente a la hora de presentar este impuesto?

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones tiene un importante componente regional al existir normas específicas en cuanto a tipos y bonificaciones en las diferentes Comunidades Autónomas. De esta manera, el primer elemento a tener en cuenta es el relativo al punto de conexión, es decir, la normativa autonómica que deberá ser aplicable en la liquidación del impuesto por transmisiones patrimoniales de carácter gratuito, ya sean por causa de muerte (sucesiones) o por simple liberalidad (donaciones).

En relación con las transmisiones por causa de muerte, la normativa autonómica aplicable será la de la última residencia habitual del causante, es decir, el fallecido. Por el contrario, en las transmisiones intervivos de carácter gratuito, la legislación autonómica aplicable será la de residencia habitual del donatario, entendiéndose por tal el sujeto que recibe la donación. En este último concepto hay una excepción relevante que es la relativa a las donaciones de bienes inmuebles que deberán ser sometidas en el ámbito tributario a la legislación autonómica del lugar de situación del inmueble.

La combinación de los puntos de conexión mencionados unido a la problemática de los eventuales cambios de residencia de los sujetos intervinientes entre diferentes Comunidades Autónomas abre un amplio debate a la complejidad tributaria a la hora de calcular la carga fiscal de transmisiones gratuitas así como plantea la conveniencia para el asesor de conocer el mapa tributario de las diferentes Comunidades Autónomas para poder hacer la más adecuada recomendación a su cliente de cara a maximizar en lo posible el coste fiscal de las transmisiones gratuitas siempre dentro del más estricto cumplimiento de la legalidad vigente.

 

¿Qué consecuencias tiene para el cliente si no lo presenta? ¿Qué obligaciones formales y plazos tiene este impuesto?

Los plazos de liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones dependen, otra vez, del concepto a liquidar. En el caso de transmisiones por causa de muerte el plazo de presentación de la declaración vence a los seis meses de fallecimiento del causante, mientras que, con carácter general, la liquidación del Impuesto sobre Donaciones debe presentarse en el plazo de treinta días a contar desde la escritura pública en la que se formalice la citada donación.

Es importante hacer notar que la validez de una donación está sometida a la formalidad de la escritura pública donde el donante exprese su intencionalidad de beneficiar gratuitamente al donatario y, este último, acepte de forma expresa la citada donación. Esta formalidad civil es necesaria, asimismo, para la aplicación de los beneficios propios de la normativa autonómica que sea aplicable.

Evidentemente, la no presentación de la declaración liquidación o la presentación fuera de plazo tiene las consecuencias evidentes de todo impuesto  no presentado o presentada su liquidación fuera de los plazos establecidos. En el primer caso, la Administración Tributaria podría actuar contra los sujetos pasivos haciendo el seguimiento a través de las escrituras públicas de apertura de sucesión o de donación. En este sentido, hay que advertir que el seguimiento de la Administración Pública, en este caso autonómica, sobre la no presentación o presentación fuera de plazo es muy sencillo. Adicionalmente, conviene mencionar la problemática que la falta de liquidación de este impuesto puede ocasionar en relación con los cambios de titular registral de los bienes inmuebles transmitidos o en relación con la obligación subsidiaria de pago que afecta básicamente a entidades de crédito.

 

¿Echan en falta algún aspecto que la nueva legislación de sucesiones no recoja con respecto al asesoramiento financiero?

En mi opinión, el asesoramiento financiero debe comprender aspectos tales como el asesoramiento en el momento de apertura de una herencia o de su percepción por herederos o legatarios, si bien es cierto que esta liquidación viene determinada por un acontecimiento ajeno a cualquier asesoramiento como es el momento de la muerte del causante.

En esta línea, un aspecto relevante para el asesoramiento financiero es la eventual recomendación de acometer un proceso de donación, por ejemplo, entre padres e hijos. La decisión sobre dicha transmisión gratuita tiene mucho que ver con la psicología del donante pero también con la carga tributaria asociada a dicho proceso. Si tal carga tributaria es cercana a cero como ocurre entre padres e hijos en la Comunidad de Madrid, la decisión de ejecutar una donación puede tener inevitablemente un cierto contenido tributario.

 

¿Cuál es el futuro de este impuesto? ¿Seguirá la senda de bajada en diferentes CC.AA o cree que iremos hacia una armonización?

Es evidente que la diferenciación relevante en la carga tributaria asociada a sucesiones y donaciones establece una diferenciación de trato difícilmente comprensible entre ciudadanos residentes en España pero en diferentes Comunidades Autónomas.
Desde luego, la senda deseable sería la senda de la armonización fiscal y no la de la discriminación entre ciudadanos por razón del territorio. Este parece ser el camino que sugiere el informe para la reforma del sistema tributario que emana de los trabajos de la comisión presidida por D. Manuel Lagares. En la medida en que los tipos de gravamen fueran razonables y especialmente lo fueran en transmisiones gratuitas en línea familiar directa, es decir, entre ascendentes y descendientes, lo cierto es que establecer criterios de armonización redundaría en una mayor neutralidad y, en consecuencia, en una más fácil adopción de decisiones en el ámbito patrimonial y familiar.